Esta es la primer columna publicada en 1990. Hoy, Indicador Político cumple 27 años agradeciendo a sus lectores su preferencia. Les ofrecemos de nuevo el texto con el que iniciamos este espacio.

Martes 17 de julio de 1990

INDICADOR POLÍTICO

Las claves del Código Electoral:

Hacia una democracia excluyente.

Carlos Ramírez

La noche del viernes 13 de julio (de 1990), la mano de alguien del salinismo hizo el último intento por convencer a Cuauhtémoc Cárdenas de que la iniciativa de Código Federal Electoral no debería ser rechazada del todo por el Partido de la Revolución Democrática.

Sin embargo, tres días antes, en una reunión privada, el líder de la diputación priísta, Guillermo Jiménez Morales, fue aplaudido por su bancada cuando anunció que el CFE sería por consenso o por mayoreo.

Pese el triunfalismo político de la alianza PRI–PAN, los resultados de la reciente polémica sobre el marco electoral no hizo sino aflorar las contradicciones, juegos de poder y nerviosismos de las fuerzas políticas dominantes para evitar el fracaso electoral en 1991 y encontrarle un marco mínimo de estabilidad institucional a los años de la modernización económica.

No obstante,  hacia el interior de algunos sectores del priismo comienza a cobrar fuerza la apreciación de que la ausencia de un glassnot no hace sino evidenciar el hecho de que el gobierno tratará de evitar  que la crisis de expectativas económicas –por el hecho de que el pacto no se está convirtiendo en bienestar social  o recuperación salarial en el corto plazo– con el amarre de candados  políticos que le sigan garantizando al PRI, cuando menos en el papel,  el control de  los procesos electorales.

Al final, la aprobación del nuevo Código Electoral no fue una victoria para nadie. Sólo los resultados electorales de su estreno dicen en los corrillos políticos del sistema, dirán si la reforma electoral resultó positiva para el presidente Salinas de Gortari. La prueba será de fuego: arribar realmente a comicios limpios gane quien gane.

El problema, a final de cuentas, no será de capacidad de negocios de un esquema electoral, sino de voluntad política para respetar la tendencia del voto de los ciudadanos. Hasta ahora reconocen algunos sectores priistas, el país ha andado con dificultades los caminos de una democracia administrada en donde es la voluntad gubernamental la que decide quién gana y quién pierde las elecciones y no es la voluntad ciudadana la que define los términos del pluripartidismo.

En este sentido, la ley electoral no comienza con los mejores augurios. Lo mismo viene de procesos electorales poco limpios –desde el deseado resultado de las elecciones presidenciales de julio de 1988, hasta las recientes violencias de Guerrero y Michoacán, pasando por el hecho de que fue el PRI el que anunció el triunfo del PAN en Baja California– que se inscribe en un hecho que los propios priistas confirman en privado: toda decisión política desde julio 1988 tiende solamente a buscar fórmulas para que el PRI siga manteniendo el poder político.

En este sentido, el pragmatismo de los priistas no parece ser el mismo que anima a la oposición, debido básicamente a que tanto el PAN como el PRD están buscando precisamente los caminos legales que impidan que el PRI siga manteniendo el poder pese a candados como la cláusula de gobernabilidad. En privado, el PAN cree que esa cláusula le será benéfica porque se trata de ganar como mínimo el 35% de los votos.

Lo malo de este esquema es que ni al gobierno ni a los partidos parecen interesarles demasiado las demandas de democratización de la sociedad.

En sus reuniones con los legisladores priistas, Jiménez Morales, no logró explicar realmente los alcances de la nueva ley electoral en el contexto de la búsqueda de un nuevo marco democrático. Su mejor argumento fue el de conservar el poder por cualquier vía.

Debido a ello, algunos legisladores creen en privado que el Código Federal Electoral será una nueva decepción más debido a que no va de la mano de la voluntad política para un mejor y mayor juego democrático.

La sola manera de diseñarlo en alianzas para aislar al PRD –es decir, dejar fuera de la jugada al 30 por ciento del voto electoral de 1988– no hace sino mostrar los perfiles de una democracia excluyente.

Los problemas no saldrán ahora sino después. El país se enfrenta a un calendario electoral para 1990 y 1991 realmente cargado de premoniciones conflictivas en donde el PRI tratará de quedarse con el poder regional y la oposición de demostrar que la estrella priista se apaga irremediablemente.

El temor de muchos políticos es que el nuevo Cofipe no aguante la presión de los acontecimientos. El viejo código se hizo añicos con las elecciones presidenciales en 1988 y el nuevo no alcanza a responder a las expectativas de esos ánimos, por más que el PRI le hubiera hecho concesiones al PAN en las reformas de algunos artículos. Mucho hubiera avanzado la negociación electoral si el gobierno –¿quién más? – hubiera mostrado su voluntad democrática en Michoacán y Guerrero.

Pero no. Pudo más ese sentimiento anticardenista y el hecho –clave en la reforma electoral– de que el gobierno tiene una política económica más orientada al pensamiento panista que a la vieja ideología priista que quiere reconstruir el PRD.

En este sentido, no son pocos los políticos que creen que la ley electoral podría ser un candado que busque eludir la presencia del perredismo y del cardenismo de instancias de debate del esquema de modernización económica neoliberal del salinismo.

Los intentos de la noche del viernes pasado de convencer al cardenismo no fueron los mismos de la diligencia priista en la Cámara de Diputados se prepara el mayoriteo. Entre ambos márgenes tendrá que navegar el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto lo saben hasta los priistas. La voluntad política por la democracia que puede hacer operativo el código será la determinante. Y esa voluntad no depende de ellos.

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